ASALTO A LA UNIVERSIDAD

Publicado en el «Libro negro del nacionalismo».

Ed. Planeta. Deusto.

La Universidad ya fue concebida como una “estructura” de recatalanización en el documento de los años 80 que describía cómo conseguir que en Cataluña todo estuviera armonizado en torno a las ideas básicas de ese nacionalismo que pensábamos se había integrado inteligentemente en el sistema constitucional. Lo pensábamos, aunque hemos descubierto que el “ahora paciencia y mañana independencia”, aunque lo cantaran cuatro que considerábamos “desubicados” estaba impregnando el alma mater de lo que ha venido después, cuando el nacionalismo otrora disimulado ha mutado en algo parecido al totalitarismo, por su afán de impregnar a toda la sociedad, en todos sus resquicios, instituciones o grupos.

Franz Neumann, que estudió el totalitarismo partiendo del nacionalsocialismo, destacó, siendo ello muy importante, en el trabajo que le fue encargado en el contexto de los Juicios de Nuremberg, que los principios básicos de la Constitución de Weimar nunca fueron formalmente derogados por el sistema nacionalsocialista, sino que precisamente fue el retorcimiento de los instrumentos de la democracia lo que permitió que se fueran desnaturalizando para dar paso al régimen hitleriano. Pues ahí estamos, también en el ámbito universitario, aunque en este punto, la responsabilidad no pertenece únicamente a los que han promovido su desaparición como “universitas” sino a los que, consciente o inconscientemente, han contribuido a su configuración como arma de destrucción masiva del conocimiento, transformándola sin oponer resistencia en instrumento de agitación y propaganda del ideario nacionalista.

Ciertamente, los intelectuales, la universidad, han tenido un gran papel histórico en la consolidación del totalitarismo, quizás sin ser conscientes de ello. Hanna Arend, en su obra “Los orígenes del totalitarismo” nos sienta frente a cronistas oficiales, colegas universitarios y demás comparsas del independentismo con crudas palabras: “Su aspecto científico [el del totalitarismo] es secundario y surge, en primer lugar, del deseo de proporcionar argumentos contundentes y en segundo lugar porque su poder persuasivo también alcanza a los científicos que dejan de interesarse entonces por el resultado de sus investigaciones, abandonan sus laboratorios y corren a predicar a la multitud sus nuevas interpretaciones de la vida y del mundo”. Tenemos un ingente muestrario de ello entre nosotros; no hace falta más que ver la labor del DIPLOCAT, el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, bien financiado con nuestros impuestos cuando los recortes sociales han estado a la orden del día, en el que la buena nueva del nuevo estado catalán recorre el mundo, adoctrinando, con la complicidad de universitarios, nutridos de secesionismo y de populismo, que han intervenido en seminarios, conferencias y demás eventos, han hecho informes y preparado proyectos legislativos como pueden ser las leyes denominadas “de desconexión” y otras excelencias propias de los totalitarismos.

Quizás se pregunten por qué comienzo hablando del totalitarismo cuando debo referirme a la universidad. La respuesta es obvia: la universidad ha pasado a ser un baluarte de un sistema tendente al totalitarismo, porque está siendo utilizada como instrumento de penetración intelectual en toda su extensión. Y no confundamos totalitarismo con dictadura pues los totalitarismos se diferencian de otros regímenes autocráticos por comportarse en la práctica como partido único que se funde con las instituciones del gobierno, alcanzando todos los ámbitos de la sociedad, impulsando un movimiento de masas que pretende encuadrar a todo el pueblo, haciendo un uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social. No hace falta que las formalidades de la democracia sean anuladas en el marco universitario pues pueden ser un instrumento útil para conseguir determinados fines, aunque ello tenga que realizarse mediante la asimilación forzada de quienes estorben en la senda trazada de antemano; copar los rectorados, los claustros, los departamentos está a la orden del día. No es necesario que las autoridades, incluidas las universitarias, ejerzan el poder con brutalidad, puesto que la represión puede ejercerse sutilmente lanzando al contrario al ostracismo político o social, intentando desacreditarle sin reparar en medios. La muerte civil del disidente constituye un principio paradigmático bastante arraigado en estos últimos años.

En el documento de recatalanización al que he aludido al principio, en relación con la universidad, ya se establecía la finalidad de estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores y promover el uso de la lengua en todos los ámbitos de la actividad académica y de investigación, la promoción y ayuda a la creación de universidades privadas especialmente de iniciativa social arraigada al país, creación de estudios y materiales de todo tipo en catalán y con una perspectiva catalana, creación de consorcios y organizaciones de ámbito catalanista, velar (eufemísticamente –el comentario es mío-) por la composición de los tribunales de oposición,…. Por eso si haces la tesis doctoral en catalán tienes ayuda económica para la publicación, con independencia de la calidad de la misma. Por eso, las organizaciones de estudiantes afines al régimen tienen carta blanca dentro de las universidades, además de pingües subvenciones. Por eso, 200 estudiantes, de entre más de 15.000 pueden paralizar la actividad académica siempre que les dé la gana, pues gozan de todo apoyo institucional. Por eso, las universidades pueden hacer un paro institucional para pedir la libertad de los “presos políticos”. Por eso los rectores pueden hacerse la fotografía exhibiendo el cartel pidiendo la “amnistía” que Omnium Cultural promueve para los condenados por sedición.

¿Qué ha sucedido para que ello haya podido suceder? Pues no basta con voluntad de quienes pergeñaron la recatalanización. Necesariamente han tenido que contar con compañeros de viaje que les llevaran las alforjas y han tenido que contar con una legislación que favoreciera la consecución de sus intereses. Ello ha sucedido, exactamente, así: han tenido compañeros y han podido hacerlo con las normas a su favor, pues el legislador ha venido cubriendo sus ojos con la venda que les ha permitido toda serie de tropelías.

Y no sólo el legislador. El Tribunal Constitucional, ya en su momento, desde la STC 26/1987, desechó la configuración que la autonomía universitaria, proclamada por la Constitución, ha tenido siempre en los países democráticos, en los que es una garantía institucional de la libertad académica en sentido amplio y no un derecho fundamental. Con esta configuración, de ser una garantía para que la libertad y los avances científicos presidieran el quehacer de los universitarios, pasó a ser, según nuestro TC, un derecho fundamental que se contrapone, no para garantizarlos, sino permitiendo generar un falso conflicto entre derechos, al resto de los derechos fundamentales. Esta peregrina conformación de un falso derecho, que tiene que ser garantía, es lo que ha permitido que los Claustros puedan decidir sobre cuestiones ajenas a sus competencias, que los departamentos puedan hacer de su capa un sayo en el reclutamiento y la adscripción del profesorado y que los rectores hayan podido utilizar sus cargos en la defensa de postulados políticos concretos, porque como son titulares de un derecho fundamental, cualquiera se opone a ellos…..

Este marco, complementado por las leyes reguladoras de las universidades, la española y la catalana, superpuesto a los objetivos del nacionalismo primero y del nacional-populismo después, ha generado unas disfunciones tales que han supuesto un éxodo de muchos profesores, investigadores, doctorandos, etc. hacia otros lugares, empobreciendo un espacio científico que estaba trabajosamente situándose en el marco internacional y europeo con resultados apreciables, para ir creando un espacio de pensamiento único en el que únicamente cuentan aquellos que comulgan con él y en el que simplemente toleran a los que no manifiestan una oposición directa mientras permanezcan callados. Ello ha sido así no sólo en las áreas que, por la temática que abordan, quizás más pudieran prestarse a ello, como son las Humanidades o las Ciencias Sociales, ya que cuentan con contenidos que son más fáciles de manipular, sino también en el marco de las Ciencias puras o tecnológicas. En todas las disciplinas han ido “desapareciendo” profesores e investigadores de alto nivel, eso sí, con profusa utilización de una legislación que se lo ha ido permitiendo, casi sin que ello fuera perceptible.

Así, la Ley Orgánica de Universidades, que viene del 2011, con sucesivas modificaciones (la última del 31 de diciembre de 2020), aplicable en Cataluña, liquidó los claustros universitarios que contaban con la presencia de todo el profesorado (y una representación amplia de alumnos y de personal no docente), para sustituirlos por otros en los que hay que elegir a los miembros del mismo, lo cual no es negativo en sí mismo, pero sí en la práctica habitual en la que determinados sindicatos y organizaciones políticas se organizan y se alzan con una representación, copando los puestos, que no corresponde al pluralismo de los universitarios y a la neutralidad institucional que deberían mantener. Hemos visto como los claustros de distintas universidades realizan proclamas políticas que no tienen nada que ver con las competencias que tienen atribuidas y que, inmediatamente después de obtenerse una sentencia del Tribunal Supremo en la que se afirma la necesaria neutralidad institucional de la Universidad, los rectores hicieron un magnífico posado en un acto convocado por Ómnium Cultural, exhibiendo sendas pancartas que solicitaban la amnistía para los condenados por sedición por el golpe de 2017. Por cierto, hay que agradecer que un antiguo Rector (también Presidente de la Conferencia de Rectores de España), que lo fue de una Universidad catalana, escribiera un artículo en “El País” avergonzado de la servil actitud de sus actuales congéneres.

La Ley catalana de Universidades de 2003, por su parte, siguiendo el criterio de singularizar todo lo posible a la “universidad catalana”, con la intención de diferenciarla en todo lo posible de la “universidad española”, creó categorías de profesorado permanente, mediante contratos laborales asimilables a las figuras de profesor titular y catedrático reguladas en la ley española, al mismo tiempo que la Generalitat, con la complicidad de las universidades, ha obstaculizado en todo lo posible la creación de plazas funcionariales fundamentadas en criterios de igualdad, mérito y capacidad. Menos cuando le ha convenido a alguien de los suyos, como ha sido el caso de la actual Presidenta del Parlamento catalán, reconocida activista del secesionismo, que ha accedido a una plaza funcionarial de régimen español, precisamente el mismo día en que fue elegida para ese cargo político, cuando ello ha sido negado a docenas de profesores que lo han pretendido infructuosamente.

Por añadidura, esos contratos laborales indefinidos, otorgados no por criterio homologable fijado por estándares españoles y europeos, sino por estándares catalanes, se otorgan sin aceptarse las evaluaciones realizadas por la Agencia estatal ANECA, que tienen legalmente validez en todo el territorio español por más que la Generalitat se lo niegue. Se han impuesto las valoraciones realizadas por la que hemos venido denominando la “Anequita catalana”, según criterios más que discutibles por casos concretos que se han ido constatando y que pretenden la creación de unos cuerpos de profesorado netamente catalanes y, con el conseguido filtro nacionalista, han dominado la elección y composición subsiguiente de los tribunales que adjudican esos contratos. A ello se le ha añadido la invención, por parte del antiguo Consejero Andreu Mas-Colell, del llamado Plan Serra Hunter, para reclutar profesores contratados, se supone que de alto nivel (es un decir, porque se les destina a un régimen de ocupación más propio de una academia de “repasos”) mediante tribunales designados, y controlados, políticamente por las propias universidades y la misma Generalitat. En realidad, es un milagro que alguien con buen currículum opte a estas plazas, pues el panorama con que se encuentran en cuanto toman conocimiento de la realidad que aparece ante sus ojos, les hace desistir. Se ha llegado, incluso, a otorgar un contrato, en la especialidad de lengua catalana, a una profesora que únicamente puede ejercer en inglés, la lengua en la que se tiene que pasar el concurso porque hay que demostrar que se está en un supuesto “marco de calidad internacional”. Vivir para ver. Mejor que leyendo a Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll para los amigos de Alicia).

Así las cosas, no es extraño que, tras al adormecimiento que, durante décadas, ha ostentado la sensatez en Cataluña, hayan comenzado a despertar algunas inquietudes y que colectivos como Universitaris per Cataluña se organizaran como los antiguos “Cors de Clavé”, ejerciendo de resistencia solidaria bajo el paraguas de la defensa de la neutralidad institucional de la Universidad. Poco a poco se va “saliendo del armario”, aunque con temor, puesto que la represión y el linchamiento de los académicos que no comulgan con el nacional-populismo está a la orden del día, también en las universidades. Pero con grandes dificultades pues, como en la antigua RDA, aparecen orwellianos vigilantes que, cuando localizan una pieza apetecible, despliegan toda la consabida retahíla de presiones, tergiversaciones, humillaciones y demás dardos envenenados contra la persona sobre la que decretan la muerte civil. Bertrand Russell ya advirtió, también, sobre ello, reivindicando la libertad y el poder de sopesar los argumentos, para evitar que la universidad se convierta en un rebaño de fanáticos.

Aliados con los medios y redes del nacional-populismo más abyecto, no dudan en intentar desacreditar trayectorias, con argumentos esgrimidos por pseudo-informadores que en su vida han pasado un concurso público acreditando conocimiento o ganado un proyecto competitivo internacional, juzgando acerca de la idoneidad intelectual o de la gestión académica realizada por quienes no son de “los suyos”. Aquellos sobre los que Arend atestiguaba que “dejan de interesarse entonces por el resultado de sus investigaciones, abandonan sus laboratorios y corren a predicar a la multitud sus nuevas interpretaciones de la vida y del mundo” han tomado por asalto departamentos, facultades y claustros. Se puede afirmar impunemente que Otegi es un perseguido político y que el Tribunal Constitucional viola sus derechos y se persigue y estigmatiza a quien lo refuta con argumentos jurídicos. Se puede adoctrinar sin límites sobre el Estado español fascista porque nadie pone coto a la mentira y se persigue a quien lo denuncia con argumentos veraces.

Pero no se crean que todo esto se ha producido por generación espontánea. Hace lustros que hemos tenido que afrontar como hemos podido la penetración de todos los movimientos alternativos, radicales e, incluso, violentos, en paralelo y en confluencia con la recatalanización. En Cataluña y, más específicamente aunque no sólo ahí, en Barcelona, en sus universidades, ya se habían introducido las denominadas “gestoras pro amnistía” que calificaban de presos políticos a los miembros de ETA condenados por terrorismo y se negaba el pan y la sal a quienes se les opusieran dialécticamente; se nos identificaba y señalaba, con pancartas con dianas que rezaban “apunta bien” (teníamos al “comando Barcelona” rondando los campus y tuvimos que organizarnos para llegar cada día por itinerarios distintos); se hacían “listas” de profesores a los que denostar, por parte de grupúsculos bien organizados que asaltaban violentamente los campus. Había, incluso, miedo a utilizar los teléfonos de los despachos, que se temía estaban controlados. Se nos instalaron también aquí los “intelectuales” provenientes de grupúsculos que estaban alrededor de un FRAP al que creíamos desaparecido pero que comenzó a ser jaleado en asambleas de “antifascistas” en paralelo al ensalzamiento de regímenes como el cubano y, posteriormente, el venezolano, ecuatoriano o boliviano. Con la complicidad de determinados rectores y otros corifeos se produjeron asaltos a facultades y amedrentamiento de profesores y estudiantes, comerciantes establecidos en los campus vieron saqueados sus negocios y se prohibió que las fuerzas policiales pudieran proteger a las personas y los bienes dentro de los recintos universitarios. Hubo que investigar internamente todo ello, jugándonos el tipo y exponiéndonos a sufrir todo tipo de consecuencias.  Artola ha explicado muy bien en la prensa de qué manera se organizaron en la Complutense de Madrid. Y de ahí saltaron al resto de España, a través de “Institutos universitarios”, Centros de Estudios, Organizaciones civiles, que se fueron extendiendo por Alicante, Valencia, Barcelona y otras ciudades. No se trata de un 15M de indignados espontáneos, sino de una alianza “revolucionaria” que, con el disfraz de la “crítica”, lo que pretende es instrumentalizar el poder destruyendo la democracia constitucional del 78. Por eso han podido, también, confluir con los secesionismos, tendentes, también, porque lo necesitan para culminar sus objetivos, a la destrucción del Estado de Derecho, la tergiversación de la democracia y la interpretación sesgada de los derechos humanos.

Y todo ello a un alto precio, no sólo moral y personal, sino económico. Todo esto está saliendo caro. Muy caro. ¿Se ha realizado un control efectivo sobre las desviaciones de fondos, también hacia actividades universitarias, dirigidas a atender las «necesidades» del tránsito hacia la independencia? ¿Se ha llegado a saber cómo se financiaron los grupos “emergentes”, con sus conexiones con la kale borroca vasca? ¿Y todo lo que se ha venido gastando, en subvenciones a organizaciones secesionistas, prensa secesionista, corporaciones profesionales, nutridas de académicos que «transitan» hacia el secesionismo populista, a pesar de las sentencias judiciales que indican que ello no está dentro de sus atribuciones? ¿Y la subvenciones a grupos de investigación, extranjeros incluidos, para que vayan creando el «argumentario», la neolengua populista, la tergiversación de los conceptos, para hacer creer que la democracia está por encima de la ley, que la Constitución de 1978 fue adoptada bajo la bota de los militares, que España es un estado opresor que viola sistemáticamente los derechos de los catalanes, amén de que todo lo bueno que se ha creado o construido bajo la faz de la tierra es catalán? La complicidad de determinadas autoridades universitarias ha sido el hilo conductor de toda una serie de actuaciones.

La penetración del secesionismo y del populismo de extrema izquierda en las universidades, centros de investigación y otras entidades académicas o think tank, ha sido más que notable y ha constituido el eje intelectual del procés, tanto defendiendo la autodeterminación como la secesión de Cataluña, tergiversando la historia o difundiendo acusaciones rayanas en el discurso de odio hacia España y los españoles. Es en este ámbito educativo donde la estrategia de “Recatalanizar Cataluña” ha penetrado con gran profusión, . Todas las universidades se integraron institucionalmente en el Diplocat y los académicos del secesionismo populista se pasearon por las universidades de Georgetown (donde han tenido la Cátedra Príncipe de Asturias a su disposición), Nueva York (con la Cátedra Juan Carlos I de España), Chicago, Stanford, Columbia, Cambridge, Princenton, Yale, London School of Economics, Ginebra, London School of Economics, Sciences Po de París, Glasgow, Amberes, Católica de Lovaina, St. Andrews… También, obtuvieron sendos “proyectos” dirigidos a fundamentar la autodeterminación de Cataluña y a extender la idea de que Cataluña tenía derecho a defenderse de España por la opresión que el régimen del 78, con la Monarquía y todas sus prebendas ejercen sobre Cataluña. ¿Creen vds. que financiados mediante concurso competitivo? Y mientras tanto, además, boicotearon proyectos y másters con distinción especial de la Unión Europea. Intentaron penetrar también en las organizaciones de la UE y los comités de la ONU, a veces con cierto éxito, dado el eco que sus corifeos de los medios les otorgaron. Afortunadamente, existen ya publicaciones acreditadas que detallan puntualmente todas estas actuaciones.

En fin, si a todo esto añadimos, como afirma Antonio Cabrales, que en las universidades hay una gestión feudal de las lealtades, en vez de atraer a los mejores, sean de dónde sean y se llamen como se llamen, sin discriminaciones ideológicas, vemos que nos queda un buen trecho por recorrer. No estamos ante un problema autóctono, pero añadimos los vicios autóctonos al problema general. Como decía Churchill, nos espera sangre, sudor y lágrimas. Esperemos no encontrarnos con demasiados Chamberlain.