Europa ha sido “raptada” por los populismos, la crisis, la tergiversación de los conceptos o, entre otras, la disolución de las antiguas certezas en las procelosas aguas de procesos como el Brexit, el referéndum en Italia o en Hungría, el auge de la extrema derecha en Holanda y Alemania. Está, sobre todo, la pregunta, sin respuesta todavía, de cómo va a abordar la Unión Europea el embrollo en el que todo esto la ha metido.
El panorama al que todo ello nos ha abocado ha abierto la puerta a nuevos retos que es necesario afrontar; más todavía cuando el Libro Blanco que el Presidente Junker ha planteado en los últimos meses, abre cinco escenarios que es preciso analizar, junto con otras aportaciones que están apareciendo en diversos medios y foros, para bosquejar cómo debemos afrontar los cambios, ineludibles, en la UE en los próximos años. Sin prisas, pero sin pausas. Veamos algunos puntos a abordar en esta encrucijada.
Las “velocidades” de la integración
La integración a distintas «velocidades» ya fue abordada durante la Convención para el futuro de Europa, cuando preparábamos la Constitución europea. Ya entonces, decíamos algunos, era evidente que los 28 no podíamos evolucionar igual al mismo tiempo. Pero tuvieron más éxito las propuestas, demasiado simplistas a mi entender, de hacer a la vez la constitución europea (fallida) y la ampliación.
Era evidente que no todos podíamos ir a la misma velocidad en todo sin hacernos daño mutuamente. Pero los intereses comerciales primaron y sólo se plantearon con algo más de precisión las cooperaciones reforzadas. Era también evidente que no se podía, al mismo tiempo, constitucionalizar la Unión y realizar la ampliación más grande de toda su historia. Hemos tenido que esperar a situarnos en la crisis actual para que Alemania, Francia, Italia y España se hayan planteado seriamente, en la reunión habida de sus líderes en París el pasado 6 de marzo, que las “velocidades” de la integración no pueden ser las mismas para todos.
Siendo que ya tenemos dos cooperaciones reforzadas, el euro y Shengen, se trataría, ahora, de ver en qué otros aspectos se pueden establecer otras, quizás en política de seguridad y en política exterior, que son dos flancos relativamente nuevos para la UE, así como en el avance hacia el federalismo fiscal (imprescindible para configurar seriamente la política social y la solidaridad) o en relación con la cooperación judicial. Se trataría de ir reforzando los «pequeños pasos» de manera que se produjera lo que los franceses llaman «effet cliqué», es decir, situación irreversible, en la que ya no hay vuelta atrás.
La política exterior y de defensa
Hasta el Tratado de Lisboa la UE no tuvo competencias propiamente dichas en materia de acción exterior, defensa incluida. Ahora formalmente las tiene, pero no han sido desplegadas con el enorme potencial que la regulación de los Tratados hace previsible. Y la “amenaza” que el tema de los refugiados, en conexión con la guerra en Siria, la situación en Libia, en Irak, en todo Oriente próximo y medio, así como en África central, constituye todo un desafío en el marco de esa política exterior. Esta política exterior, conectada a ese espacio de libertad, seguridad y justicia que también prevén los Tratados, nos está atenazando. La razón es que nuestras autoridades europeas, en vez de aplicar la ley, quieren “hacer política” (en el peor sentido de la palabra) en un tema en el que están en riesgo no sólo nuestras libertades, sino la propia vida de los más débiles sobre el terreno.
Se tiene que crear una Agencia Europea de Defensa, por expresa disposición de los Tratados y, también, porque la realpolitik a la que el Brexit en UK y el triunfo de Trump en USA, nos abocan a ello con mayor urgencia. Y tenemos que replantearnos, en este nuevo escenario, los compromisos con la OTAN, porque estamos integrados en ella y todos los Estados que forman parte de esta organización fundamentan su defensa colectiva y la ejecución de la misma en este mecanismo de integración.
Además, desde otro orden de consideraciones, ciertamente, no es fácil gestionar un éxodo que no se conocía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No es nada cómodo que hayan estado entrando en un pequeño país, como Eslovenia, más de 3.000 personas por día. No resulta viable que localidades bávaras de 400 habitantes hayan tenido que organizar la acogida de miles de recién llegados sin que se les proporcione la ayuda necesaria, traductores incluidos.
¿Qué se ha hecho al respecto? En primer lugar distinguir entre la inmigración por motivos económicos y la llegada de extranjeros por motivos de conflictos bélicos, terrorismo masivo, etc. La legislación aplicable en cada caso es distinta: los emigrantes por razones económicas, se les tienen que aplicar las normas de extranjería; a los que vienen por los otros motivos, la de asilo y refugio. Pero como no hay manera de llegar a un acuerdo razonable entre los Estados miembros de la UE, el éxodo ha transcurrido por donde ha podido, por donde consiguen filtrarse, si sobreviven a la travesía marítima, por la ruta de los Balcanes y a través de Hungría o Austria. Y la legislación no se ha aplicado. No se sabe a ciencia cierta qué pasa en los campos de refugiados. ¿Qué sucede con las mujeres y las niñas en los campos y durante el éxodo? Hay mujeres gestantes, con niños pequeños, con necesidades específicas que no hay modo de saber si están debidamente cubiertas. Muchos menores vagan solos por distintos países que no saben ya cómo afrontar el problema. Además de los cientos de miles que han conseguido llegar a Europa, según datos de ACNUR, hay casi cuatro millones de ciudadanos sirios en campos del Líbano, Egipto, Jordania, Irak Turquía y la propia Siria. Pensemos qué puede estar sucediendo ahí. Además, si no se da una respuesta debida a esta situación, la política exterior y de defensa, o el espacio de libertad, seguridad y justicia saltarán por los aires.
La defensa del Estado de Derecho
Entre los valores que la UE exige a sus Estados miembros, para poder formar parte de ella, destacaré en este momento, porque hay otros, el Estado de Derecho. Todos los estados que quieren entrar en la UE tienen que comprometerse a garantizarlo y a promoverlo en común, y su puesta en riesgo o violación grave puede desencadenar un procedimiento de sanción que puede derivar en hacerles perder, a los estados que se considere infractores, sus derechos en las instituciones de la UE.
Han existido diversas ocasiones en las que se ha reclamado la aplicación del procedimiento de sanción por infracción de valores previsto en el art. 7 TUE. Ya hubo un conato de ello cuando el grupo neofascista de Haider llegó al Gobierno federal en Austria en el año 2000, estableciéndose sanciones bilaterales. También se ha reclamado su aplicación cuando, entre 2010 y 2012 se realizaron expulsiones de gitanos en Francia, no se respetaron algunas decisiones de la Corte Constitucional en Rumanía o se adoptaron, en Hungría, medidas que ponían en entredicho la independencia del poder judicial. Pero el procedimiento de sanción no ha sido efectivamente aplicado en ninguno de estos casos.
Teniendo en cuenta las dificultades inherentes a la aplicación de este instrumento del Tratado, se ha instaurado el mecanismo preventivo (llamado también pre-artículo 7) comportando una investigación concreta por parte de la Comisión Europea que desembocaría en una recomendación, la cual, de no ser tenida en cuenta por sus destinatarios, podía desencadenar el procedimiento de control por infracción de valores previsto en el Tratado. Se está aplicando a Polonia, pero también existen desafíos en otros países, en Hungría, por ejemplo.
También, desde otro orden de consideraciones, se pone en peligro el Estado de Derecho cuando la UE, en vez de regular debidamente el funcionamiento de un órgano, se apoya en “mecanismos informales” que ponen en riesgo el debido funcionamiento de políticas concretas. Hemos visto, recientemente, un ejemplo preciso, en la actitud mostrada por el Presidente del Eurogrupo hacia los países del sur de Europa. El Eurogrupo es un órgano informal, formado por los ministros de Economía y Finanzas de la UE y que elige a su Presidente por mayoría, sin que ello esté regulado en los Tratados. Algunos piensan que este tipo de «relaciones informales» (que culminan muchas veces en toma de decisión nada informal), por la flexibilidad que comportan, son las más adecuadas en esta Unión Europea líquida que algunos quieren. Por el contrario, si el organismo Eurogrupo estuviera regulado y se hubiera establecido la responsabilidad política de su Presidente, lo normal sería que el Parlamento pudiera revocarlo o aprobar una moción de censura en su contra, como sucedería en el caso de cualquier miembro de la Comisión Europea. Pero no. No se quiso regular. Era preferible la informalidad, la “realpolitik”. Ahora se ven las consecuencias. El Parlamento Europeo pide la dimisión de Dijsselbloem por unanimidad y Mr. Dijsslbloem puede continuar lo que tenga ganas disfrutando del cargo y de sus prebendas.
¿Quo vadis Europa?
Hace años ya me hice la misma pregunta. Estaba entonces en juego que pudiéramos adoptar la ciudadanía europea con todos sus efectos. Se acababa de aprobar el Acta Única, abandonando el primer proyecto de Constitución para Europa, el proyecto Spinelli. Se dio paso posteriormente al Tratado para la Unión Europea (Maastricht), que instituyó por primera vez la ciudadanía europea y los derechos que la conformaban. Parecía que ello iba a ser indiscutido en Europa y que los ciudadanos se sentirían más europeos al poder ejercitar sus derechos de ciudadanía. Pues no ha sido así. La Unión, sus políticos, han puesto más el acento en los aspectos económicos (que no niego son de suma importancia) y en las relaciones geoestratégicas de algunos de los Estados miembros (y no señalo a nadie en concreto, porque si algunos las han monopolizado ha sido con el consentimiento o la desidia del resto) que en la potenciación de la ciudadanía y sus derechos. De este modo, cuando la crisis económica, el populismo, los nacionalismos, la xenofobia o el fascismo se están introduciendo con una inusitada rapidez en las esencias del sistema, ni la propia Unión, ni sus gobernantes, ni los de los Estados miembros, están dando una respuesta adecuada al problema.
Europa debe recobrar la pulsión europea. Necesitamos poner en marcha de verdad la ciudadanía europea y que quienes están en las instituciones representativas sean de verdad representantes de los ciudadanos europeos y no correas de transmisión de sus respectivos partidos nacionales. Necesitamos que se oiga la voz de los representados. No podemos dejar libre el terreno ni a los que tienen intereses partidistas ni a los nacionalismos renacidos. Tenemos que comenzar a pensar en instancias ciudadanas transversales que no estén dirigidas a destruir Europa sino a reforzarla. A repensarla, reinstitucionalizarla y recrearla si es necesario.
La hora de la ciudadanía ha llegado.
Szczecin (Polonia), 9 de junio de 2017.
Publicado en Economía Digital el 11 de junio de 2017: http://ideas.economiadigital.es/analisis-politico-y-social/europa-enla-encrucijada_408906_102.html
teresa freixes 