LA VOLADURA

Fieles a su intención de destruir el sistema constitucional democrático con que nos dotamos en 1978, la sección catalana de Podemos, pretende introducir, como caballo de Troya que es no sólo en Cataluña, la idea de que con una constitución republicana populista en esta comunidad autónoma, se facilitaría la ruptura constitucional en España.

Son poco originales: Ya lo pretendieron sus ancestros y asimilables cuando preparaban el Estatuto de 2006, al que concibieron como una estructura jurídica que, yendo más allá de la Constitución, obligaría a una reforma o reelaboración de ésta, para forjar una estructura confederal y controlar que el Poder Judicial no pudiera ejercer su función de cierre del sistema y garantía del mismo.

La frase «central» que según el articulista (Los comuns piden una Constitución catalana (elespanol.com)) rige para este despropósito, encierra todas las falacias y singladuras pseudoconstitucionales de ese populismo foráneo que se ha introducido entre los nuestros, con devastadores efectos, pues establece que Cataluña debe tener una constitución en la que quede definida: «como una república social, democrática y ambientalmente justa que comparte soberanías en el marco de la república plurinacional». Menudo galimatías. Si esto es lo que sus ideólogos tienen en la cabeza, deberían hacérselo mirar, como decimos por aquí, puesto que no pasarían el más mínimo estándar, ni jurídico ni político, como les sucedió a quienes, en el anterior (digo anterior porque puede que no se quede en único, salvo que a la ciudadanía le entre un ataque de sensatez el 14 F) tripartito pretendieron algo semejante.

Con una terminología confusa, así planteada porque son conscientes de que no cuentan con los mimbres necesarios para abordar un cambio o una reforma constitucional que respete los procedimientos internos y los criterios que la Comisión de Venecia tiene establecidos para ello, pretenden ir imponiendo mutaciones constitucionales como si de algo normalizado se tratara, desnaturalizando la división de poderes, la garantía de los derechos o la inserción en Europa (Unión Europea y Consejo de Europa). Y dado el escaso rigor que también se ha normalizado entre los agentes políticos y los influencers de todo trapo, pueden obtener adhesiones impensables en otros momentos, cuando la política tenía objetivos más altos y se fundamentaba en el respeto a los valores y principios constitucionales y europeos. No en vano nunca, los políticos, han querido que la ciudadanía tuviera una formación política homologable a la del resto de países democráticos y se han centrado en sustituirla por discutibles mensajes mediáticamente propagados cuando no directamente por lo que ahora denominamos fake news.

No nos engañemos. Ya lo intentaron también en 2017, cuando defendieron, con los más burdos y obscenos argumentos, las llamadas «leyes de desconexión», a las que sus «reputados juristas» consideraron «constitucionalmente correctas». También ahora, siempre los mismos (y ello podría retrotraerse a siglos atrás) pretenden atajos imposibles, dirigidos a anclar, sin el menor rigor jurídico, en una disposición adicional que, pese a reformar el sistema constitucional, quieren añadir a la Constitución vigente sin pasar por el procedimiento constitucionalmente previsto para reformarla, esa pretendida «Constitución catalana» cuyo contenido, además de su procedimiento de instauración, chocaría diametralmente con los valores y principios constitucionales y europeos.

Pero el populismo, todos los populismos, pues son varios y distintos pese a tener algunos objetivos comunes, no van a cesar en sus pretensiones. Y los partidos políticos, que parecen anestesiados por ese marco mental que nacionalismos y populismos van imponiendo, no dan respuestas adecuadas a la situación. Nos toca a la sociedad civil sentar criterio al respecto y desenmascarar métodos y propósitos antes de que nos acordemos todavía más de lo que sucedió en la Europa del período de entreguerras del siglo pasado.