LA NORMALIDAD ROTA

Desde que, en 1997, la Escuela Judicial pasó a tener su sede en la finca “L’Esperança”, cedida por la Generalidad de Cataluña y situada en la montaña de Collserola,  la entrega anual de despachos a los que finalizaban la formación que faculta para el ejercicio de la profesión judicial, se realizaba en Barcelona. Durante más de 20 años una institución española, el Consejo General del Poder Judicial, había considerado signo de normalidad la presencia del Estado en Cataluña. Las máximas autoridades judiciales solían desplazarse hasta Barcelona sin mayores problemas, en ejercicio de aquello que tendría que continuar siendo una ininterrumpida tradición, altamente significativa, puesto que en nuestro sistema multinivel, en el que el Poder Judicial es único, tener la Escuela Judicial en Cataluña simboliza la igual consideración de que gozan todos los órganos e instituciones en nuestro sistema constitucional con independencia del lugar en que estén ubicados.

Esa “normalidad” parece haberse roto actualmente. Por primera vez la entrega de despachos no se va a realizar allí donde se solía, allí donde se estudiaba, allí donde se consideraba que era importante que se hiciera, por lo simbólica. Oficialmente se nos ha dicho que, al coincidir con el 40 aniversario de la Constitución, se había decidido realizar esa entrega de despachos en Madrid, para “realzarla”. La verdad es que, aunque sea posible que esa sea la razón verdadera, muchas personas, en Cataluña, no nos lo acabamos de creer.

No nos lo acabamos de creer porque, sobre todo desde esa mayoría social constitucionalista, lo estamos viviendo, una vez más, como una dejación del Estado. Sin que sepamos a ciencia cierta de dónde partió la propuesta y quien tomó la decisión, tenemos la sensación de que las actuales instituciones españolas no se sienten, al mismo tiempo, catalanas. Cierto que el Gobierno realizó un Consejo de Ministros en Barcelona, altamente controvertido, que pretendió simbolizar una presencia institucional normal en la principal ciudad de Cataluña. Lo que para algunos constituyó una “provocación” fue percibido, por otros, como la expresión del normal desarrollo de las funciones gubernamentales y del normal ejercicio de los derechos de ciudadanía, entre ellos, el de que quienes constitucionalmente han sido elegidos o designados como gobernantes, puedan desempeñar sus funciones con toda normalidad en todo el territorio español.

¿Es posible que el ruidoso rechazo que el secesionismo (los partidos y organizaciones sociales que sustentan al Gobierno de la Generalitat y a la mayoría secesionista del Parlamento de Cataluña) organizó respecto de esa reunión del Consejo de Ministros esté en el origen de esta renuncia a la normal entrega de despachos judiciales en Barcelona? ¿Habrá influido también un deseo, explicitado implícitamente desde ciertas posiciones políticas, de no “molestar” al secesionismo, aunque ello pueda interpretarse como abandono de posiciones que evidencien que se está en sintonía con el constitucionalismo social? Permítanme que pueda sentirme, como otras muchas personas, un tanto abandonada por parte de quienes tendrían que defender tanto su posición institucional para desempeñar sus funciones en su entorno originario como mi derecho a que ello se realice con total naturalidad.

Si todo esto está sucediendo es porque, desde hace décadas, los grandes partidos no se han creído el Estado. Han preferido no consolidar un núcleo de principios comunes que garantizaran una alternancia política seriamente democrática, para obtenerla mediante la negociación, la cesión de competencias constitucionales o la compra directa de los votos, de los que se carecía cuando no existía mayoría suficiente para una investidura, unos presupuestos u otras leyes, a los nacionalismos periféricos. ¿Está ahora la situación tan degradada que incluso la entrega de despachos judiciales tiene que ser incluida en la transacción?

Publicado en “La Razón”, el 8 de enero de 2019.

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