Ciertamente, el apoyo social hacia el independentismo está bajando. Sin embargo, lejos de ser una noticia tranquilizadora (que lo es, en parte) está acompañada de una serie de indicadores que no nos permiten bajar la guardia sino todo lo contrario, porque los políticos de la secesión han emprendido un camino que no van a desandar a menos que la presión social, política y judicial les obliguen a ello.
Precisamente, debido a que el apoyo social baja, y necesitan tener los votos suficientes para «ganar» ya sea un referéndum (que no va a darse) o unas elecciones «constituyentes», están:
– Potenciando fuertemente la acción exterior, para aparecer ante el mundo como «pobres catalanes oprimidos», reforzar sus lazos con partidos homólogos de otros países y hacer ver que se les apoya en instancias parlamentarias extranjeras.
– Buscando el voto expatriado a través de una batería legislativa que tiene su epicentro en la Ley de los catalanes en el exterior, la Ley del voto electrónico y la Ley de Ciberseguridad de Cataluña. Con ello piensan que es posible, dada la intensa propaganda que realizan en los casals, «embajadas» y otra entidades catalanas en el extranjero, dar la vuelta a esos dos puntos de ventaja que la mayoría social no independentista mantiene a tenor de las recientes encuestas.
– Intensificando las críticas a la «judicialización» de las figuras, unas más mediáticas que otras, del procés, como si el hecho de que fueran puestos a disposición de los tribunales no respondiera a incumplimientos legales con características delictivas. Si no se conocen bien los hechos y sus calificaciones jurídicas, mediante la propaganda pueden llegar a hacer creer que se les persigue por sus «ideas» y que se «coarta su libertad de expresión», cuando incitan a la sedición, desobedecen las sentencias judiciales y vulneran las más elementales reglas de la transparencia democrática y del debido respeto del principio de lealtad institucional.
– Utilizando cada vez más un lenguaje distorsionador de los conceptos, que pretende potenciar el «conflicto» que han creado con su actitud y sus prácticas ilegales, con la intención de provocar la intervención de instancias internacionales, organismos de mediación y demás organizaciones «especializadas», como si no se tratara de una rebelión organizada desde el poder público (Govern y mayoría parlamentaria), con el concurso de asociaciones subvencionadas para ello.
Con todo ello pretenden contrarrestar el incipiente retroceso del apoyo social, bajo el espejismo de una constante y creciente movilización en toda regla que les permitiera justificar:
– Que es el Gobierno español el que reprime al «pueblo» de Cataluña.
– Que con el «ataque antidemocrático» que se perpetra contra ellos por parte de las autoridades españolas se demuestra que se dan las condiciones para imponer el derecho de autodeterminación por parte de las instancias internacionales.
– Que la situación de represión continua de que es objeto el «pueblo» de Cataluña legitima, además, una declaración unilateral de independencia.
No nos engañemos ni bajemos la guardia. Lo tienen muy bien estudiado, incluso sustrayendo las pretendidas leyes de desconexión del debate parlamentario abierto e intentando, de nuevo, «astutamente», engañar al Estado.
¿Y el Gobierno? ¿Qué va a hacer el Gobierno? Otro día hablaremos del Gobierno. Y de lo que la ciudadanía puede hacer al respecto.
teresa freixes 