A TRES AÑOS DEL 1 DE OCTUBRE

«El Parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república».

Esta Declaración, aprobada por la mayoría secesionista del Parlamento de Cataluña tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015, muestra la posición jurídico/política de la que se parte para organizar, con la base posterior de la Ley del referéndum de autodeterminación (primero suspendida y posteriormente declarada contraria a la Constitución por el Tribunal Constitucional), la votación que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, de la que el Gobierno de la Generalitat pretende extraer el «mandato del pueblo catalán» para la formalización de la independencia.Había habido un precedente, una consulta realizada en 2014, bajo presidencia de Artur Mas, tolerada por el Gobierno de España. En ella, sin marco jurídico claro, pues ni tan siquiera se siguieron las prescripciones de la Ley catalana de consultas no referendaria aprobada poco tiempo antes, votaron, según la Generalitat, alrededor de dos millones de personas (sobre siete) ampliamente en favor de la creación de un estado independiente en Cataluña.

El Tribunal Constitucional repetidamente había sentenciado que la autodeterminación o independencia no cabían en la Constitución española (de la misma manea que no cabe en las constituciones de prácticamente todas las democracias del mundo, salvo los particulares casos de Canadá y el Reino Unido, que cuentan con un sistema jurídico fundamentado en bases muy distintas a las nuestras). Repetidamente había argumentado que la Constitución se basa en la autonomía de las Comunidades Autónomas, que les permite tener gobierno y parlamento propio para que ejerzan las competencias que la Constitución y el Estatuto de Autonomía les confieren, pero no en una pretendida autodeterminación de las mismas, ya que no tienen poder constituyente, atribuido directamente al pueblo español, en forma similar a la Constitución de los Estados Unidos, la de Alemania, Italia, Francia, etc. Con total desprecio a las normas constitucionales y a las sentencias (el propio Puigdemont, siendo presidente de la Generalitat, se fotografió con 5 requerimientos del Tribunal Constitucional alardeando que no pensaba cumplirlos) y sobre la base de la entonces suspendida (por el TC, y luego declarada anticonstitucional) Ley del referéndum de autodeterminación, la Generalitat organizó las votaciones del 1 de octubre. Puigdemont declaró también que, si en esa votación ganaba el «Si», aplicarían la Ley de Transitoriedad (también suspendida y declarada luego inconstitucional) y Cataluña comenzaría a andar como un estado independiente.

Yo no estuve en Barcelona el 1 de octubre. Ese domingo estaba regresando de Extremadura, de varias actividades académicas y de una tesis doctoral en la Universidad de Cáceres. Durante toda la semana y el mismo día 1, había seguido todos los prolegómenos y acontecimientos no sólo a partir de periódicos y televisiones sino también a través de las redes y de las radios, sin dar crédito a lo que estaba viendo y oyendo. Sin entender cómo había cuajado la propaganda que repetidamente emitían las emisoras de la Generalitat y otras controladas por el secesionismo, llamando a los jóvenes para que acompañaran a los abuelos “a la votación más importante de su vida”, a los padres para que llevaran a sus hijos a los colegios electorales para enseñarles lo que era la “verdadera democracia”. A los “buenos catalanes”, para que quedara bien manifiesta la voluntad del pueblo de Cataluña.

En los días previos al 1 de octubre, el secretario de la Comisión de Venecia había recordado que la consulta que se pretendía realizar no cumplía los debidos estándares, establecidos en el Código de buenas prácticas para la realización de referendos adoptado por este órgano del Consejo de Europa. La Comisión Europea, que había sido requerida por el secesionismo para «mediar» ante el conflicto que se avecinaba, recordó a su vez que la Unión Europea respetaba el orden constitucional de España, pues estaba vinculada a ello por el propio Tratado de la Unión. Pero, sin cumplir con los requisitos exigidos por la Comisión de Venecia para la realización de referéndums, y con vulneración flagrante del orden constitucional, la Generalitat y los partidos y organizaciones secesionistas no respetaron la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 27 de septiembre. El Tribunal decretaba impedir la utilización de locales y edificios públicos para la realización de las votaciones y ordenaba a los Mossos d’Esquadra (Policía autonómica catalana), la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidieran esta apertura o los cerraran si se hubieran abierto, así como requisar todo el material destinado a la celebración y seguimiento de las mismas. Algún dia alguien nos tendrá que explicar por qué se paso de ordenar que los centros cívicos y educativos, donde se habían convocado «actividades lúdicas», conferencias, y hasta «fiestas de pijamas» para el fin de semana, que tenían que quedar vacíos y cerrados el viernes por la noche, a ordenar que se podía continuar con todo ello hasta el domingo a las 6 de la mañana.

Sin respetar el marco legal, colegios, centros cívicos y otros locales fueron ocupados por miembros de asociaciones y partidos secesionistas y, en cumplimiento de la orden judicial previamente emitida, la policía no tuvo otra opción que realizar el desalojo de los centros. Hay que resaltar, al respecto, que el desalojo de los centros de votación, contrariamente a lo que el secesionismo predica, no fue ordenado por el Gobierno de España, sino que se efectuó en cumplimiento de una resolución judicial. Que el Gobierno de España hubiera gestionado en forma nefasta los prolegómenos y las actuaciones para impedir las votaciones no disminuye la ilegitimidad de lo que se pretendía ni justifica la campaña de mentiras, medias verdades y tergiversaciones sobre las que el secesionismo ha pretendido fundamentar un espejismo en toda regla.

Aquí es donde aparecen la mayor parte de falsedades emitidas por el aparato de propaganda del secesionismo y reproducidas inmediatamente en medios y redes de comunicación afines, manipulados o desinformados. Tuvo especial significación el melodramático vídeo Help Catalonia, incluyendo imágenes del desalojo policial de los centros de votación junto con otras que no se correspondían con las de los colegios catalanes del 1 de octubre, sino con grabaciones de actuaciones policiales de los tiempos del 15 M e, incluso, pantallazos del Maidan de Kiev, que fueron retirados de la versión definitiva del vídeo. Se denostó a la policía, que no hacía otra cosa que cumplir con la orden judicial de desalojo de los centros. Se denostó a las autoridades gubernamentales españolas, criticables ciertamente en su estrategia y en su modus operandi, pretendiendo hacerlas cómplices de «violaciones de derechos fundamentales», llegando incluso a organizar una Comisión especial de la Generalitat para que investigara sobre ello. Se falsificó el balance de las cargas policiales, afirmando que se habían producido «miles de heridos» por la represión, cuando los datos reales, lo que figura en partes médicos de atendidos, que es lo único que objetivamente es válido, no llegan a una docena. Se intentaba, en suma, desacreditar a España, a sus instituciones, a su propia población. Se afirmó que el Tribunal Constitucional sólo pensaba en humillar a Cataluña, como si a otras Comunidades Autónomas no les declararan inconstitucionales las normas que no respetan el marco competencial; como si en Alemania, Estados Unidos, Italia, etc. nunca sus respectivos órganos de control de constitucionalidad hubieran considerado nulas las normas que fueran contrarias a la Constitución.

Así las cosas, a tres años del 1 de octubre de 2017, el Gobierno de la Generalitat y los partidos y organizaciones secesionistas pretenden continuar conmemorando tal fecha como el «nacimiento de la república catalana», llamando a defenderla con «radicalidad democrática» en las calles y justificando una «desobediencia civil» que lo que hace es violar los derechos de la mayoría no secesionista. Coincidiendo casi en el tiempo con la inhabilitación legal del sucesor de Puigdemont, Quim Torra, como Presidente de la Generalitat, por no acatar decisiones de la Junta Electoral ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, incurriendo así en delito de desobediencia, confirmado por el Tribunal Supremo, el secesionismo ha configurado una Cataluña rota, decadente e institucionalmente destruida. Afortunadamente, muy pocos de sus seguidores se están haciendo eco de las llamadas a la insurrección.

No es el «pueblo de Cataluña» quien reclama independencia. Es una minoría secesionista que, a sabiendas de que ello es jurídica y políticamente imposible hoy en día, utiliza el reclamo de independencia para imponer su dominación sobre la mayor parte de la ciudadanía.