Tras el tsunami electoral, todos están contentos y felices. Bueno, casi todos, porque en el cambio de cromos siempre han dado con alguno de los que no tenían para completar la colección. Poco les ha importado, para alcanzar los pactos, si se han jugado la merienda para ello o si, por el contrario, se han quedado en ayunas y tenían la tensión baja. Ya tenemos ayuntamientos y pronto tendremos gobiernos autonómicos y puede que también Gobierno en España. Con el mismo método. Como si no tuviéramos graves problemas estructurales, se han lanzado al baile gatopardiano porque, en el fondo, quieren continuar viviendo felices, sin abordar lo que verdaderamente importa. Como si el secesionismo no existiera, como si las políticas públicas pudieran derivar de las vueltas que los danzarines realizan en los salones. Y no olvidemos que, tras los gobiernos autonómicos viene el Gobierno de España.
El problema que existe en cuanto a la relación entre la actuación de los secesionismos (no sólo del que existe en Cataluña, pues se dan otros casos) y lo que denominamos la “gobernabilidad” deriva de que, a lo largo de prácticamente toda la democracia, los grandes partidos no han aunado sus fuerzas para lograr unos acuerdos entre ellos que reforzaran los asuntos “de Estado” y, como consecuencia, lograron, y parece que quieren continuar logrando, investiduras, presupuestos, etc. mediante la compra de votos a los nacionalismos periféricos. Ello ha tenido repercusiones extraordinariamente negativas en cuanto al fortalecimiento de nuestra democracia. Lo estamos viendo cada día.
En estos momentos, estando por formar la mayor parte de los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España, es todavía más urgente que los partidos políticos del arco constitucional, todos ellos, sean conscientes de que, en salvaguarda de los valores comunes, no se puede dejar que la formación de un nuevo gobierno dependa de la postura del secesionismo. Es necesario encontrar los puntos de unión, de defensa de orden constitucional, que permitan no sólo la investidura sino que las políticas que la sigan constituyan un refuerzo de las garantías democráticas. Y ello atañe a todos, no sólo a un partido. A todos.
Cierto es que no tenemos un régimen de democracia militante. Así lo ha dictaminado el Tribunal Constitucional. Pero también lo es que esos mismos partidos (me refiero en este caso a socialistas, populares y liberales), en el Parlamento Europeo mantienen posturas conjuntas sobre los grandes temas, no sólo europeos, sino también sobre los asuntos cruciales para España. No se entiende cómo, si para la salvaguarda de los valores europeos pueden establecer estrategias conjuntas, no lo hagan para la salvaguarda de esos valores constitucionales, coincidentes con los europeos.
Jarandilla de la Vera, 20 de junio de 2019.
teresa freixes 