¿Y AHORA QUÉ?

Se han celebrado las elecciones generales y el resultado muestra un Congreso de los Diputados cuya composición, dadas las posiciones de los partidos que lo configuran, no facilita la adopción de un programa de gobierno que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Digo que ello sucede por las posiciones de los partidos que han alcanzado representación parlamentaria, no porque el parlamento esté fraccionado. Es importante la diferencia. El pluripartidismo no constituiría un obstáculo si los partidos políticos obraran como deberían, es decir, con responsabilidad y con visión, no ya “de Estado”, sino de simple consciencia de lo que nos estamos jugando. Si ya teníamos un problema serio en Cataluña, ahora sólo falta que los partidos de ámbito español incurran en tácticas parecidas, consistentes en condicionarlo todo a que no gobierne el Partido Popular o a que se celebre un referéndum de autodeterminación allá donde sea y, especialmente, en Cataluña, creando así unas líneas rojas que nos sitúan fuera de todo lo que es racionalidad política normal en el actual constitucionalismo democrático. En Europa, prácticamente sólo en Bélgica, las posturas irreductibles de los partidos, con el nacionalismo por en medio, impiden la formación de gobiernos que razonablemente pongan a la ciudadanía como centro de sus preocupaciones y procuren dar respuesta a las necesidades de ésta. Y no es precisamente Bélgica, donde pasaron algo así como un año sin gobierno, el ejemplo a imitar. Ni en Cataluña ni en España.

Hablo también de un programa de gobierno, no de hacer sumas y restas de escaños, a ver si de alguna manera consigo “poner” presidente y repartir cargos y carguitos. No me gusta la “aritmética” que sólo conduce al frentismo y a la falta de propuestas sólidas y coherentes que, con independencia de quienes sean las fuerzas políticas que puedan concretar y acordar un programa de gobierno, nos saquen del imbroglio (lo digo, a la italiana) sin hacer el ridículo (como Mas con la CUP) y sin que la mitad de los españoles tengamos que “tragarnos” a la otra mitad con un embudo.

Algunos dicen que la ciudadanía ha votado “cambio”. Yo más bien creo que la ciudadanía lo que ha pedido es la regeneración de la política.

El cambio por el cambio, sin un programa preciso que no sea fruto del acuerdo razonable entre quienes representan los valores comunes de que nos hemos dotado como catalanes, españoles y europeos, no garantiza ninguna respuesta válida. Somos una gran mayoría quienes, habiendo votado a quien hayamos votado, representamos esos valores y queremos que la política, y los políticos, los respeten y los promuevan en común, tal y como hemos firmado y ratificado desde que nos adherimos, hace ya treinta años, a esa Europa que, mal que nos pese y aunque no esté en su momento más boyante, es el centro del mundo al que todos quieren llegar. No nos damos cuenta de ello, aunque constituimos el reducto civilizado, democrático, con garantías de bienestar social y que, a trancas y barrancas, va avanzando, con los pequeños pasos auspiciados por Jean Monnet, pese a todas las dificultades. Nos miran (a Europa) desde todas partes. Nos envidian desde todas partes y, nosotros, de la misma manera que hacemos con España, parece que únicamente esperemos hacerla trizas.

Si la ciudadanía ha pedido que la política se regenere, hay muchos trazos comunes entre las fuerzas políticas  con representación parlamentaria (evidentemente no en todas, al menos en este momento) que van en esa dirección. Sería necesario reflexionar, pensar y ver en cuáles la coincidencia es más factible. Y del mismo modo que no me gustan las sumas y restas, o el cálculo insubstancial de probabilidades, no me gusta, tampoco, la palabra que para algunos es mágica y la repiten cual talismán de feria: negociar. No me gusta porque me suena a chalaneo. No se puede anteponer la negociación a la reflexión, como tantos proponen. Sin reflexión previa es imposible trazar esas líneas razonables que necesitamos para comenzar esta nueva etapa.

Los hay que todo lo saldan con una reforma constitucional. No es mala opción, en sí misma. Lo que es necesario abordar es qué hay que reformar, cómo y cuándo. La Constitución, o su reforma, no son armas arrojadizas. Constituyen el marco por el que nos tenemos que regir y no es cualquier marco, puesto que debe sentar los valores en que se fundamenta nuestra sociedad, garantizarnos los derechos, organizar los poderes (también los territoriales) y establecer instrumentos de control y de resolución de conflictos. No es, pues, nada fácil. Pero se podría reflexionar sobre ello.

Otros llaman a un proceso constituyente que deje atrás todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de los últimos casi cuarenta años, desde que nos dotamos, democráticamente, de la Constitución de 1978. Ello no es una reforma de la Constitución, pues significaría la ruptura con el actual sistema. ¿Es realmente necesario, para regenerar la política, llevar las cosas a este extremo? Me temo que hay poca reflexión fundada bajo tales postulados. Pero, quizás, algunas de las propuestas que se incluyeran en este proceso constituyente pudieran confluir con las que se formulen en el marco de una reforma constitucional. Se puede, también, reflexionar sobre ello.

Algunos lo que pretenden es, franca y directamente, “dinamitar” el sistema. Y ahí sí que no podemos confluir en nada razonable, puesto que ni tienen programa que pueda servir como nuevo marco democrático ciudadano ni ofrecen más método que el populismo para llevarnos por una senda desconocida, irreal e impracticable en nuestro entorno.

En el fondo, lo que la ciudadanía necesita, además de que se le ofrezca algo que pueda regenerar la política, es que esa propuesta sea creíble. Necesita que lo que surja de la reflexión goce de credibilidad.

Podrían comenzar por ahí, digo, quienes tienen que conducirnos en estos nuevos tiempos. Podrían comenzar por acordar algo creíble en, aunque sean muy pocos, unos mínimos puntos que mostraran que van realmente en serio, que no buscan aritméticas impracticables, que no van de ocurrencias poco fundadas. En definitiva, que se trate de cosas que denoten verdadero espíritu de cambio democrático. No hace falta esmerarse mucho para ello. Ni tan siquiera haría falta, en muchos puntos, llegar hasta una reforma constitucional, pues bastaría con reformas legales o, simplemente, con aplicar las leyes vigentes.

¿Es necesario reformar la Constitución para luchar contra la corrupción? No sé qué añadiría en positivo regularlo en la Constitución, salvo la cristalización de que la lucha contra la corrupción es un principio de cumplimiento inexcusable. Pero, en el fondo, la corrupción es una práctica política, excesivamente consolidada y en modo transversal, por desgracia. Lo que se necesita es cambiar esa práctica, es decir, hacerla desaparecer. Aplicar la ley, toda la ley, sin ambages y no permitir las prácticas que la facilitan.

¿Es necesario reformar la Constitución para cambiar la ley electoral y hacerla más acorde con los principios básicos que garanticen que valga lo mismo el voto de cada persona y que sea realmente la ciudadanía quien decida qué personas han de tener puestos de representación y no las cúpulas de los partidos? Hay bastantes cosas que se pueden hacer sin reformar la Constitución pues, prácticamente, lo único que está constitucionalizado es el sistema proporcional para el Congreso de los Diputados y que la circunscripción electoral sea la provincia. Se podría, pues, comenzar, por desbloquear las listas electorales, y que los ciudadanos pudiéramos apear o aupar a quienes los partidos incluyen en ellas, mediante el llamado voto preferencial. Se podría, también,  comenzar por redistribuir los escaños entre las circunscripciones, para que no fuera tan excesiva como lo es ahora la desproporción en el número de votos necesario en cada una de ellas para obtener representación. Y más cosas, como la introducción de primarias en los partidos. Y otras, que no voy a detallar porque sino, a fuer de larga, se acaba aquí mismo esta entrada del blog.

¿Se necesita reformar la Constitución para introducir una mejor racionalidad en el sistema de financiación autonómica? Seguramente no bastaría, como solución definitiva, con abordar ya (puesto que llevamos un retraso de casi tres años) la reforma de la LOFCA, pero podríamos comenzar por ahí mientras se fuera pensando cómo podría configurarse un mecanismo más adecuado a los tiempos actuales. Otra cosa sería el tema del concierto, que también podría ser reestructurado racionalmente, en el marco constitucional, para ir contribuyendo progresivamente a la creación del federalismo fiscal europeo.

¿Se necesita reformar la Constitución para garantizar mejor los derechos de los ciudadanos, especialmente en el marco de los que comportan prestaciones sociales? Evidentemente no, aunque no por no necesario hay que desdeñar un mejor marco constitucional al respecto. Pero seamos precisos: algunos confunden aquí la garantía constitucional, que es básicamente procedimental, con la eficacia de las políticas públicas. Si se abordan políticas públicas razonables dando respuestas progresivas (porque no es posible solucionarlo todo de golpe, ni con una revolución de tipo bolivariano) a los principales problemas sociales, en especial, los de quienes estén en situación de mayor vulnerabilidad, la ciudadanía miraría la política con otros ojos, iría sintiendo que la política se dirige a satisfacer sus necesidades y con ello se legitimaría mejor la acción política.

Podríamos citar otros temas, en los que no sería necesaria una reforma constitucional y que, si las fuerzas políticas los abordaran en serio, reflexionaran en común sobre ellos y configuraran un plan de acción verosímil, podrían ganar en credibilidad ante esa ciudadanía que, ahora mismo, no sabe bien a qué atenerse. Las reformas legales, necesarias para ello, serían factibles si existe un acuerdo amplio en el Congreso, puesto que el máximo acuerdo en votos está garantizado en el Senado por mayoría absoluta; si el acuerdo cristalizara en la primera cámara no hay duda de que la segunda lo ratificaría. No olvidemos esto. Para legislar también hay que contar con el Senado, aunque sus prerrogativas sean menores a las del Congreso. Y para algunas cuestiones concretas el Senado es imprescindible (designación de ciertos cargos, aplicación de determinados artículos de la Constitución…).

Si se lograra aumentar esa credibilidad, si un conjunto amplio de fuerzas políticas nos ofreciera un camino decidido y realista de regeneración política, todo lo que viniera luego sería mucho más fácil. Ya decían los antiguos que no era bueno comenzar la casa por el tejado.

Pero, claro, tendremos que llegar también al tejado. Lo dejo, en aras de no cansar, para otra (próxima) reflexión.

L’Ametlla del Vallès, 24 de diciembre de 2015.

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