37 AÑOS Y UN DÍA

Ayer la Constitución cumplió 37 años. En campaña electoral por primera vez en su ya destacada historia. Digo destacada porque, teniendo en cuenta nuestra historia constitucional, el hecho de que una Constitución española pueda cumplir los 37, constituye algo a destacar.

Además, hay que celebrar que los haya cumplido relativamente bien, pese a quienes la denostan, que son minoría, no relativa sino absoluta, dada la confluencia de sus deslegitimadores objetivos y su crónica falta de cultura constitucional. Intentaré, al menos, introducir algunos elementos que contribuyan a paliar los déficits de tan poco adecuados contextos.

Hoy denominamos constituciones a aquellas normas jurídicas que, siendo las normas superiores de un ordenamiento jurídico, organizan la distribución democrática del poder y garantizan los derechos a la ciudadanía. Ello es así porque nos basamos, y espero que nos basemos en ello durante mucho tiempo todavía, en la revolucionaria idea plasmada en la Declaración francesa (1789) de los derechos del hombre y del ciudadano que, en su art. 16, proclama: “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

Sin embargo, lejos de gozar de la estabilidad de sistemas como el norteamericano o el británico, la historia política española del siglo XIX y buena parte del XX se manifiesta como un conflicto permanente entre liberales y absolutistas, centralistas y federalistas, laicos y religiosos, monárquicos y republicanos, demócratas y totalitarios… El mito de “las dos Españas” enfrentadas ha presidido buena parte de estos dos últimos siglos, a lo largo de los cuales las constituciones liberales y democráticas no consiguieron consolidar regímenes estables y la negación del constitucionalismo imperó durante largos decenios.

La Constitución de 1978 fue elaborada por las Cortes surgidas de las elecciones de 15 de junio de 1977, elecciones que constituyeron un hito en el camino hacia la democracia. Tras el anuncio de las reformas anunciadas por el rey Juan Carlos I en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, se tuvieron que superar muchos escollos. Especialmente difícil fue, en este contexto, la legalización del Partido Comunista, que fue decida por el entonces Jefe del Gobierno Adolfo Suárez, originando la dimisión de los militares miembros de su gabinete. Las acciones de la extrema derecha y el terrorismo originaron también graves situaciones de tensión, como fueron, entre otros, la matanza de los abogados laboralistas del despacho de Atocha o los atentados y secuestros efectuados por la ETA y los GRAPO.

Además, se tuvieron que sentar las bases para la transición económica, sin la cual la transición política estaba abocada al fracaso. Para ello, mediante los Pactos de la Moncloa, los partidos políticos con representación parlamentaria y los interlocutores sociales, patronales y sindicatos, aprobaron un programa basado en el entendimiento y el consenso. En los Pactos se abordaron materias tales como el saneamiento económico, la política fiscal, la gestión de la Seguridad Social, la educación, la política de urbanismo, suelo y vivienda, así como unas líneas de acción jurídica y política en torno al establecimiento de la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, diversas reformas del Código Penal y una nueva dimensión de la seguridad ciudadana.

La sociedad española reclamaba libertad, democracia y autonomía política. Habían caído ya las otras dictaduras de Grecia y Portugal y se miraba hacia Europa como paradigma del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el desarrollo económico. De manera que, cuando se aprobó la Constitución, por una amplia mayoría en el Congreso (325 votos a favor, 6 en contra, 14 abstenciones y 5 ausencias) y en el Senado (226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones) y, en el referéndum del 6 de diciembre, la votación popular fue también ampliamente favorable (con una participación del 67,11%, se obtuvo el 87,87% de votos a favor, el 7,84% de votos en contra, el 3,54% de votos en blanco y el 0,75% de votos nulos) para dotamos de un texto que se hace eco de los valores integradores, fruto del consenso constitucional, en la línea del mejor constitucionalismo democrático.

El carácter integrador de la Constitución, según Smend, al ser de consenso, impone peculiaridades a su interpretación, de manera que el legislador o los jueces, como intérpretes constitucionales, pueden optar, razonadamente, entre varios de los desarrollos constitucionales posibles. No es de recibo por ello la imposición de la regla de la mayoría (Schmitt y la Escuela de Viena, tan queridos por el neojacobinismo catalán) donde sólo cuentan los votos y no los amplios acuerdos de fondo entre contrarios que puedan dar estabilidad al sistema democrático. En efecto, este carácter integrador de la Constitución, al ser fruto del acuerdo, origina que la redacción de sus artículos permita que se puedan prever distintas materializaciones en su concreción legislativa. Por ello, contrariamente a la teoría de Dworkin, las distintas políticas públicas que derivan de una misma Constitución son una significativa muestra de la no existencia de una única respuesta constitucionalmente válida. De otro modo, no serían posibles ni el pluralismo ni la alternancia.

Ello comportará, a su vez, que los órganos del Estado realicen las funciones que les estén constitucionalmente asignadas, que si se producen conflictos de competencias existan mecanismos constitucionales para resolverlos sin distorsionar los contenidos funcionales de las instituciones afectadas, que los derechos constitucionalmente reconocidos puedan ser ejercitados como tales sin menoscabo de las funciones que la Constitución les asigne. Ello no significa que todo se reduzca a un estricto normativismo, es decir, a una automática e incorrecta lectura respecto de la eficacia de la norma suprema y sus controles, exagerando a Kelsen, pues la concepción funcional, en palabras de Wroblewski, implica una idea general sobre el derecho y la sociedad y una teoría global de la dependencia social del Derecho, que está en intrínseca conexión con los hechos sociales (Santi Romano, Hariou, Häberle, MacCormick). Además, para Bobbio, la función del intérprete constitucional consistirá en integrar el lenguaje de las proposiciones normativas aplicando las reglas lógicas y teniendo en cuenta la existencia de una norma fundamental en la base del ordenamiento jurídico que, al mismo tiempo, cumple la función de cerrar o clausurar el ordenamiento.

Sentado, pues, el principio de que si es posible interpretar los preceptos constitucionales sin desnaturalizarlos no es necesario reformar la Constitución, también hay que sentar el principio contrario, es decir, que si tal interpretación no es posible, en tal caso, se impone la necesidad de reformarla.

Tal como señalaba en el inicio de este texto, las constituciones son hoy en día normas que establecen los criterios básicos por lo que se ha de regir una sociedad basada en el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Estas constituciones necesitan de una interpretación para lograr su efectividad, cosa que es realizada básicamente por el legislador y, en caso de necesidad, por los órganos de control de la constitucionalidad, sin que sean textos que petrifiquen una opción política determinada, puesto que son de consenso y pueden tener distintas interpretaciones, todas ellas constitucionales. Por ello, si se producen cambios sociales relevantes y profundos, es posible que, en determinados casos, la interpretación de la constitución no baste para adecuarlas a las nuevas necesidades y, en tales supuestos, las propias constituciones regulan procedimientos para ser reformadas.

En las sociedades democráticas actuales, pues, tan lícita es la interpretación, conforme a y desde la constitución, como su propia reforma, siempre que se realice, como así se hace en el constitucionalismo democrático, desde los procedimientos que las propias constituciones establecen. Se trata, pues, de determinar si la interpretación es o no suficiente para dar una respuesta adecuada o de si es necesaria la reforma. Y, en este segundo caso, si se llega a la conclusión de que la reforma es necesaria, habrá también que acordar cuáles son los contenidos constitucionales a reformar, especialmente cuando existen varios procedimientos de reforma, para poder utilizar el apropiado y para poder obtener las mayorías requeridas.

Cuando la Constitución cumple 37 años y un día, en suma, creo que es útil recordar cómo se hizo, qué significa tenerla y reflexionar sobre si es necesario reformarla.

Barcelona, a 7 de diciembre de 2015.

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