LA REGLA DE LA MAYORÍA

Ya durante los Juegos Olímpicos de 1992, los próceres que nos han conducido al disparate golpista de la mañana del lunes 9 de noviembre, desplegaron en las gradas del Estadio Olímpico pancartas con el lema Catalonia is not Spain. Siguiendo la estela que ellos comenzaron a exhibir, de acuerdo con el resultado de la votación habida en el Parlament, por 72 votos a favor, de un total de 135, estaríamos, de facto, en la república catalana que ha comenzado la desconexión con España y que va a aprobar las leyes que, según la interpretación de los secesionistas del golpe, ponen en pie el “mandato democrático” recibido de las urnas el pasado 27 de septiembre. Menos mal que, de iure, el Tribunal Constitucional ha restablecido, mediante el Auto de 11 de noviembre, la legalidad constitucional suspendiendo cautelarmente por cinco meses la decisión del Parlament, a la espera de emitir la sentencia sobre el fondo.

¿Mandato democrático? Falaz argumento. Ya en otro momento [El baile de los números] constaté que la mayoría absoluta con que ellos cuentan en el Parlament únicamente puede explicarse por la anomalía de un sistema electoral en el que los votos en las circunscripciones de Lleida, Girona y Tarragona, las más independentistas, valen casi tres veces más que en la de Barcelona, más plural y conteniendo más de la mitad de la población de Cataluña. Como sus señorías, a lo largo de tres décadas, no han sido capaces de aprobar una ley electoral que razonablemente supusiera que valiera lo mismo el voto de cada persona, resulta que la mayoría absoluta parlamentaria representa a un tercio del censo electoral. Es decir, el “mandato democrático” ha sido emitido por alrededor de un tercio de las personas, mayores de edad, que tienen derecho al voto en Cataluña. Y es este “mandato democrático” el que, según los secesionistas, legitima que el Parlament haya proclamado la República Catalana y haya decidido emprender el camino conducente a la aprobación de una Constitución para Cataluña, o la adopción de leyes que deriven en una seguridad social y una hacienda catalanas o la renegociación de la deuda (¿Sabrán lo que están diciendo?). Eso sí, afirmando además la desobediencia a las leyes españolas o al Tribunal Constitucional y la sujeción exclusiva de las instituciones catalanas a las leyes que apruebe este Parlament.

Second life, a la catalana…

Sin embargo, no son tan originales nuestros montaraces golpistas. Literalmente, su teoría del “mandato democrático” sigue fielmente las construcciones político-jurídicas que, en el período de entreguerras, consolidaron la denominada regla de la mayoría, subvirtiendo la esencia del concepto de democracia que tan trabajosamente se había ido abriendo paso durante el siglo XIX y principios del XX, es decir, la idea de la democracia de la integración propiciada por Smend, del respeto de las minorías exigido por la Sociedad de Naciones o de los derechos como límites al poder en el marco del parlamentarismo racionalizado defendido por Mirkine-Guetzevitch. Contra esta concepción de la democracia, fraguada para intentar evitar la repetición de las situaciones que originaron la Primera Guerra Mundial, la regla de la mayoría, aplicada sin mayor argumento que la fuerza de los votos y retorciendo el funcionamiento de las instituciones, facilitó el acceso al poder de las más tiránicas formas de opresión y de humillación del individuo, de exclusión social y de exterminio del disidente. Eso sí, con la aprobación plebiscitaria de las enloquecidas y visionarias propuestas del todopoderoso líder, conductor de la nación y hacedor de la nueva y perfecta sociedad. Y es que, para ellos, que también tenían un “mandato democrático”, la regla de la mayoría todo lo podía. La regla de la mayoría no se equivocaba. La regla de la mayoría todo lo justificaba.

Salvando las distancias, la regla de la mayoría, el “mandato democrático” que dice tener una mayoría absoluta que subvierte la función del parlamento, que ha sido elegido para formar y controlar al gobierno de una Comunidad Autónoma de España y aprobar leyes en el marco de sus competencias, ha transformado al Parlament en una institución que pergeña un golpe de Estado por etapas, nos sitúa ante la perversión de las instituciones y, desafiando a la ley, pretende aislarnos no sólo del resto de España sino de la misma Unión Europea y de la comunidad internacional.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Con qué instrumentos contamos para hacer frente a este golpe a la democracia?

Afortunadamente, el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, rescató la integración, el consenso, el respeto a los derechos, a la democracia y al Estado de Derecho como clave de bóveda que permitiera la consolidación de los principios y valores que hoy fundamentan nuestro orden constitucional y el de la Unión Europea. No en vano, cuando, durante el régimen de Franco, volvíamos los ojos hacia Europa, aprendimos a valorar los instrumentos de garantía de la democracia que introdujimos en la Constitución de 1978, consensuadamente y con el debido rigor y prudencia, teniendo en cuenta los que se habían ido consolidando en los países de nuestro entorno. Las funciones que la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional o a los jueces no constituyen otra cosa que la garantía del orden democrático, del respeto a la justicia y de los derechos fundamentales de todos. Las actas de nuestras Cortes Constituyentes, que aconsejo releer de vez en cuando y que están accesibles en abierto en Internet, constituyen un espléndido recuerdo al respecto.

Nuestra Constitución contiene, en este sentido, instrumentos que nos van a permitir hacer frente al secesionismo, en aplicación de la cláusula del Estado social y democrático de Derecho que se contiene en su artículo primero, respondiendo con objetividad y proporcionalidad al mayor desafío que ha sufrido nuestra democracia desde el fracasado golpe del 23 de febrero de 1981. Las potestades del Tribunal Constitucional, de los jueces, del propio Gobierno y de las autoridades administrativas, preventivas y sancionadoras según el caso, no tienen otra explicación que la de garantizarnos una convivencia en paz y en libertad.

En este punto, creo necesario constatar que nuestra Constitución no contiene el principio, que sí existe en otras como por ejemplo en la de Alemania, de democracia militante. El hecho de no contenerlo implica, jurídica y políticamente, que se pueden defender legítimamente ideas contrarias a las regulaciones constitucionales, como por ejemplo, la promoción de la independencia de parte del territorio español. Por ello, ser independentista no es ilegítimo ni contrario a la Constitución. Lo que es ilegítimo y contrario a la Constitución es pretender la independencia de Cataluña, o de otra parte de España, al margen de la ley, sin respetar los procedimientos legalmente establecidos y, aplicando esa torticera regla de la mayoría, proclamar una República catalana e iniciar la construcción de un “nuevo estado” en forma contraria al Derecho interno y al Derecho internacional. Lo han advertido el Secretario General de Naciones Unidas, los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea y las Instituciones de la Unión: Cataluña no cumple con los requisitos para ejercer el derecho de autodeterminación (el sucedáneo del “derecho a decidir” no es más que un eufemismo para encubrir que se quiere hacer lo que no se puede hacer), Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea si se consolidara la secesión de España (porque la Unión Europea es una unión de Estados cuya base es la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y es cada Estado, formalmente reconocido, quien define cuál es su territorio), Cataluña no dispone de los recursos para hacer frente por sí sola a todas las necesidades de sus ciudadanas y ciudadanos (porque hoy en día, las sociedades complejas, necesitan de la interconexión multinivel no sólo entre los sistemas jurídicos sino también para obtener los recursos que les permitan ejecutar eficientemente las políticas públicas y garantizar la dignidad y los derechos a la ciudadanía).

Pero ahora, aquí, en Cataluña, lejos de que el debate político se centre en las legítimas aspiraciones sociales que la ciudadanía catalana [y por ello española] plantea, a partir de las también legítimas opciones políticas que la representan, la cerrazón de parte de estas últimas nos muestra que están defendiendo más sus intereses particulares, y me atrevería a decir que personales, que el interés general de todos, que somos los que teóricamente les legitimamos y efectivamente les pagamos. Por ello, la aplicación, en el marco de la ley, de los instrumentos de garantía constitucional de que disponemos es absolutamente democrática y legítima, además de, en su justa medida, necesaria.

No es sostenible, jurídica o políticamente, que una minoría mayoritaria quiera imponer conductas insurreccionales a la mayoría. Es más, aunque fuera al contrario, es decir, que la mayoría defendiera la insurrección, ésta no sería legítima ni, por supuesto, legal a los ojos de la comunidad internacional al ser ejercida contra el Estado social y democrático de Derecho en que se fundamenta España.

La democracia no consiste sólo en votar y en contar escaños. La democracia se legitima cuanto más por el mayor grado de consenso que haya generado, política y socialmente, dentro del marco legal, porque la democracia, es básicamente, procedimiento. Desde que las revoluciones liberales liquidaron el absolutismo del Ancien Régime, la democracia se fundamenta en una toma de decisión articulada mediante procedimientos preestablecidos. Y desde que, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo civilizado se dotó de unas reglas comunes de convivencia que se han ido extendiendo por los Estados de nuestro entorno, además del respeto a los procedimientos legales, los derechos y los deberes de todos se han venido plasmando en textos constitucionales, entre los cuales el nuestro, homologados por las organizaciones internacionales. Por nuestra parte, siguiendo además las normas y los principios que nos comprometimos a cumplir cuando entramos en el Consejo de Europa y en lo que eran las Comunidades Europeas, hoy la Unión Europea. Así se evitan la arbitrariedad y la tiranía. De otro modo, fuera de ese marco procedimental democrático, estaríamos en el Far West y tal escenario lo prefiero en Port Aventura.

En el vuelo de regreso de Bruselas y en Bellaterra, 10 y 12 de noviembre de 2015.

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