CATALONIA, A NEW STATE OF THE EUROPEAN UNION?

Continuando con la internacionalización… del procés

Supongamos que ninguno de los cinco grandes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas veta que se pueda proponer a la Asamblea General que Cataluña sea reconocida como Estado, lo que es mucho suponer siendo Francia, a quien no le hace ninguna gracia que el procés se extienda a lo que los independentistas llaman Catalunya Nord, uno de sus miembros.

Supongamos, también, que en la Asamblea General de Naciones Unidas se resuelva por el voto de la mayoría legalmente requerida que Cataluña sí puede ser un nuevo Estado jurídicamente reconocido por la Comunidad Internacional.

Todo ello es mucho suponer, pero por suposiciones que no quede…

Pues ahora tenemos que ver qué pasa con ese flamante Estado y la Unión Europea.

De entrada, estaríamos ante un Estado que se ha formado desgajando de otro Estado un territorio y a su población. Es decir, aparecería un nuevo Estado en Europa que, a la luz de los Tratados de la Unión, sería un tercer Estado que no los habría ratificado y que, por lo tanto, debería solicitar su entrada en ella, en la Unión Europea, si es que quisiera pertenecer a la misma. Las propias Instituciones europeas, Comisión y Consejo, han manifestado formal y repetidamente (en relación con Escocia, con Cataluña y con cualquier otra hipótesis de secesión de un Estado miembro) que estaríamos ante un tercer Estado. Lo han afirmado por escrito, como respuesta a preguntas de miembros del Parlamento Europeo, realizando así sendos actos jurídicos derivados de preguntas políticas (lo señalo porque se oyen voces que dicen que, en realidad, las Instituciones no han dado respuestas precisas para esta situación).

Incluso hay un precedente que, con cierta displicencia, no se quiere tener en cuenta por nuestros eurocéntricos argumentistas, que es el caso de Argelia. Argelia, antes de la independencia, era un departamento de Francia (no una colonia, jurídicamente hablando, sino un departamento, un territorio de Francia, como lo son los cinco departamentos que este Estado tiene en Ultramar, allende los mares). El Tratado de Roma (fundacional, para la Comunidad Económica Europea) declaraba aplicables diversas disposiciones del Tratado a Argelia y los territorios de ultramar. El Tratado incluía también un Protocolo relativo al régimen a aplicar a los productos derivados de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero respecto de Argelia y los departamentos de ultramar de la República Francesa. Argelia, era, a todos los efectos, territorio de Francia, incluido en la Comunidad Económica Europea, con alguna particularidad, como sucede con otros territorios de Estados Miembros que tienen características diferenciales (las Islas Canarias respecto de España, por ejemplo) y posibilitaba un desarrollo posterior, dado que Argelia no había quedado integrada de origen en la CECA. La independencia de Argelia, acaecida en 1962, al dejar este territorio de ser parte de Francia, significó la salida del mismo de la Comunidad Económica Europea y el Protocolo anteriormente mencionado ya no se desarrolló. El Tratado de Maastricht ya no menciona a Argelia. ¿Cómo se justificó jurídicamente la salida de Argelia del ámbito comunitario? Simplemente aceptando la reformulación territorial de un Estado miembro, realizada conforme a su propio Derecho, sin cambios en los Tratados, que nada regulaban al respecto y con el consentimiento del resto de los Estados. Surgido un tercer Estado, desgajado de un Estado miembro, estamos, pues, ante un tercer Estado que, si quiere estar en la Unión, debe ser admitido en ella.

Desde los inicios, las Comunidades Europeas establecieron unos requisitos que debían ser cumplidos por los Estados que quisieran entrar en ellas. Se codificaron en los denominados Criterios de Copenhague y, hoy en día, en la Unión Europea, el Tratado de Lisboa contiene disposiciones específicas para que los Estados puedan entrar y retirarse de la Unión.

El Consejo Europeo decidió en Copenhague, en 1993, que para que un Estado pueda ser considerado candidato debe cumplir con las siguientes condiciones:

. Contar con instituciones estables que garanticen la democracia, la primacía del Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías.

. Tener una economía de mercado viable, con capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en el interior de la UE.

. Ser capaz de asumir las obligaciones inherentes a la calidad de Estado miembro, especialmente el respeto de los objetivos políticos, económicos y monetarios de la Unión.

Cumplidas estas condiciones, se tiene que negociar, entre otras, la integración jurídica, es decir, cómo se va a producir la asunción del acervo de la Unión en el sistema jurídico del nuevo Estado, para lo cual se han codificado 35 capítulos legislativos, en correspondencia con las distintas políticas de la Unión. En este punto hay que señalar que cuando se habla de negociación no se trata de acordar si se cumplen o no se cumplen las normas preexistentes, sino la forma y el tiempo con que se va a integrar este acervo en el sistema jurídico del Estado, puesto que la integración del acervo jurídico de la UE en el Derecho interno es innegociable.

Hay que señalar, al respecto, que la Unión Europea es una comunidad de Derecho, sujeta al rule of law y que, en el art. 2 del TUE, donde se enumeran los valores en los que se fundamenta la Unión, textualmente se cita al Estado de Derecho. De ahí que la actuación de la Unión siempre deba estar sujeta a lo que sus propias normas dispongan en cada momento.

En este contexto, de acuerdo con el art. 49 TUE cualquier Estado europeo que respete los valores del art. 2 TUE y se comprometa a promoverlos en común puede solicitar el ingreso en la Unión. Para que la admisión sea aceptada, tras el correspondiente período de negociaciones y consultas, y verificado el cumplimiento de los criterios acordados por el Consejo Europeo (los criterios de Copenhague), consultada la Comisión, por unanimidad de los miembros del Consejo y obtenida la mayoría del Parlamento Europeo, deberá producirse un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Además, dicho acuerdo “se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales”. Todos ellos, incluida España, deben dar su conformidad y algunos, incluso, como Francia, mediante un referéndum que acepte la inclusión del nuevo Estado.

También se ha argumentado que, “del mismo modo que se ha hecho todo lo posible para que no se vaya Grecia”, la Unión Europea no dejaría escapar a Cataluña. Quienes así argumentan evidencian un escaso conocimiento de los procesos jurídicos y políticos.

Por una parte, porque no se puede comparar a Grecia con Cataluña. Grecia es un Estado miembro de la UE, con todos sus derechos y todos sus deberes como tal, mientras que Cataluña es una Comunidad Autónoma de España, que se integra en la Unión como parte de España en calidad de Estado miembro.

Por otra parte, porque el debate que ha existido con relación a Grecia no ha sido sobre su pertenencia o no a la Unión Europea, sino respecto de su permanencia en el euro, cosas que son jurídica y políticamente muy distintas. La permanencia en el euro depende del cumplimiento de los criterios que rigen la pertenencia a la moneda única, sin que ello tenga que ver, por muy importante que sea, con estar en la Unión Europea. Si de abandonar la Unión se tratara, sería necesario aplicar a Grecia el procedimiento para que un Estado miembro pueda salirse de la Unión. Efectivamente, según el art. 50 TUE todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. Este artículo establece también un procedimiento y un período transitorio, dirigido a salvaguardar los derechos y obligaciones de la Unión y del propio Estado, finalizado el cual se formaliza la retirada. Y, si una vez producida ésta, el Estado quisiera volver a entrar en la Unión, deberá seguir el procedimiento establecido por el art. 49 TUE que antes ha sido explicado.

No es lo mismo el abandono de la Unión por parte de un Estado miembro que la auto-exclusión de un territorio desgajado de un Estado de la Unión.

De ahí que las comparaciones que algunos quieren hacer, arrimando el ascua a su sardina, sin ningún criterio jurídico y con escasa visión política, estén condenadas al fracaso más estrepitoso.

Me llega a la memoria una viñeta, extremadamente explicativa que “El Roto” publicó hace unos días y que reproduzco a continuación:

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Berlín – L’Ametlla del Vallès, agosto de 2015.

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