DEMOCRACIA Y REFERÉNDUM

En las sociedades actuales se identifica la democracia con el gobierno del pueblo, por oposición a las dictaduras o los regímenes autoritarios, en los que los ciudadanos no tienen derecho a participar en las decisiones políticas.

No es, la democracia, un sistema que tenga una larga historia, aunque algunos sitúen su origen remoto en la Grecia antigua (ni soñarlo, pese a lo alegado hace un par de días por el ingeniero y primer ministro Tsipras, pues en la Atenas clásica sólo participaba de tan excelso régimen poco más del 10% de la población, ya que estaban excluidas las mujeres, los esclavos y los metecos). Ni tampoco está extendido por todo el mundo.

Tampoco existe unanimidad para determinar cuándo comienza la democracia moderna, si en Inglaterra con la consolidación del parlamentarismo, con la independencia de las colonias americanas o en la Francia revolucionaria. Y tampoco se organiza de la misma manera la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos en todos los estados democráticos. Ya con Rousseau se distinguía entre democracia representativa y democracia participativa, entendidos ahora, incluso en el mismo Tratado de la Unión Europea, como sistemas complementarios más que alternativos.

Ahora identificamos generalmente la democracia con el sufragio universal, pero no siempre ha sido así. Cuando Alexis de Tocqueville analizaba la democracia en América (1835-1840) decía “Entre las cosas nuevas que durante mi permanencia en los Estados Unidos, han llamado mi atención, ninguna me sorprendió más que la igualdad de condiciones”. La igualdad era, desde su perspectiva, la esencia de la democracia, no la libertad ni la participación. Y es que en aquellos tiempos no existía el sufragio universal en ningún lugar del mundo, pues era censitario y sólo podían votar a los cargos electos los hombres que estuvieran en el censo de propietarios y rentistas (nobles en gran parte, hasta que fueron, progresiva o revolucionariamente, reemplazados por la burguesía industrial y mercantil), los altos cargos del clero y determinados grados militares.

Ciertamente, la lucha por el sufragio universal, masculino primero y genuinamente universal cuando las mujeres pudieron, también ellas, ejercer ese derecho, ha sido larga y complicada. Burgueses primero, obreros después y también las sufragistas, posibilitaron lo que hoy, en nuestro paraíso europeo, nos parece algo tan natural que olvidamos que más de la mitad de la población mundial no pudo ejercerlo hasta hace muy poco tiempo. Y que todavía hoy en día millones de personas no pueden elegir a sus gobernantes en China, Birmania o Corea del Norte, por ejemplo. O que en múltiples países en conflicto, en Oriente próximo o en África central, es prácticamente imposible expresar el voto con libertad las escasas veces en que la situación permite que se convoquen elecciones.

Ciertamente, contar con elecciones libres, en las que, además, valga lo mismo el voto de cada persona, es el reto al que nos enfrentamos en el momento de organizar los sistemas electorales, es decir, la traducción de votos en representantes, ya sea para elegir parlamentos o ayuntamientos (o presidentes en su caso). En ello resulta básica la definición del modelo de las listas electorales, la determinación de las circunscripciones, la fijación de los escaños a repartir, si hay una o dos vueltas, si optamos por la proporcionalidad o por reforzar a los partidos o grupos mayoritarios, etc. La combinación de estos indicadores, así como otros elementos configuradores del sistema electoral, como puede ser la necesidad o no de haber obtenido un porcentaje mínimo de votos para poder optar al reparto de puestos o el conferir primas de representación a los partidos mayoritarios, determina el modelo por el que se rige cada país en cada tipo de elecciones. Según cómo se organicen estos elementos, podemos conseguir sistemas de elección muy distintos, todos ellos democráticos, que se tienen que fijar en las leyes electorales. De ello depende, por ejemplo, que se favorezca la formación de parlamentos pluripartidistas o que se tienda a obtener mayorías absolutas. Por eso es tan importante que estas leyes se adopten con el máximo consenso posible, para que no respondan a coyunturas específicas y para que la ciudadanía las perciba como legítimas. Se trata de elegir a nuestros representantes, es decir, llevar a la práctica la democracia representativa de la mejor manera posible: hacer que cada persona tenga un voto y que el voto de cada una tenga el mismo valor. El segundo punto, el del igual valor del voto, es el que más cuesta de organizar y garantizar, de ahí que insista en ello reiteradamente.

Pero el voto es una institución jurídico/política que también se utiliza para consultar directamente la opinión de la población en un asunto concreto, es decir, instaurando un elemento de democracia directa, cono es la organización de un referéndum. En este caso no se está decidiendo la composición de un parlamento o un ayuntamiento, ni elegir un presidente, pues se trata de expresar si se está o no de acuerdo con una medida política determinada. Las opciones son simples: se está de acuerdo o no. Se vota sí o se vota no. Y gana la opción que tenga más votos.

La sencillez del referéndum, sin embargo, es aparente. Para que sea realmente operativa, esta institución debe obedecer, como los sistemas electorales, a ciertas reglas. Por ejemplo, la pregunta debe ser clara (dado que hay que responder sí o no, sin matices) y el ordenamiento jurídico debe permitir que sea hecha (hay materias que suelen estar excluidas, como por ejemplo las tributarias). Ello implica que hay que explicar muy bien a la ciudadanía lo que se quiere preguntar, que no hay que tener prisas y que se le tienen que proporcionar todos los elementos necesarios para que pueda decidir conscientemente y en libertad. Todo ello es necesario para que la expresión de la voluntad popular no responda a elementos plebiscitarios o emocionales, más cercanos a la adhesión o rechazo a los líderes que convocan la consulta que a la expresión de una opinión fundada sobre lo que se pregunta.

Por eso no me parecen adecuadas convocatorias como la que se ha hecho en Grecia. Hoy mismo, mientras escribo estas líneas, los griegos tienen que votar sí o no a una complicada pregunta de la que no se puede deducir con claridad qué efectos políticos va a producir el resultado que se obtenga, ya sea positivo o negativo.

Además, con sólo una semana de plazo entre la precipitada convocatoria (adoptada prácticamente por sorpresa) y el día de la votación, no se ha podido ofrecer la posibilidad del voto por correo, dejando sin esa opción a los miles de griegos que viven en las islas (alrededor de 1.300.000 sobre un total de casi once millones) o el extranjero (unos dos millones de personas). Además, el “corralito” a que están sometidos los griegos hace muy difícil que muchas personas se puedan desplazar a los lugares de votación, por el coste económico que supone cualquier viaje y la entrega de efectivo a cuentagotas en los cajeros automáticos. ¿Es posible que tal decisión fuera tomada teniendo en cuenta que el mayor apoyo de la coalición que ahora gobierna Grecia se sitúa en Atenas, donde se concentra el 35,34% de la población griega?

Con una prensa tan dividida como el propio país, las opciones del sí o del no, se focalizan en mensajes que nada tienen que ver con lo que parece que se pregunta (digo parece porque ni yo misma alcanzo a definir con claridad los términos de la cuestión tal como está formulada). Tsipras llama a defender el no en aras de proclamar “el honor y la dignidad” del pueblo griego, como si votar sí fuera algo indigno y poco honorable. El Ministro de economía Varoufakis proclama que pedir a Grecia que cumpla con los compromisos que adquirió para recibir las ayudas económicas de la UE y el FMI (incluyendo en ello la garantía de 27 mil millones de euros que corresponden a los sufridos contribuyentes españoles) es “terrorismo político” y que por ello hay que votar negativamente.

Supongo que el ministro, muy ducho en la teoría del análisis económico, no acaba de entender cómo funciona la UE, debido a que la mayor parte de su vida académica la ha pasado fuera de los países del euro, en Reino Unido, Estados Unidos o Australia. Son muy útiles, también, para entender el trasfondo de su política económica los artículos publicados en The Globalising Wall sobre los muros que se han establecido en la frontera entre México y Estados Unidos o, entre otros, en Belfast, Chipre o Cachemira. ¿Estará el Dr. Varoufakis pensando que la Unión Europea quiere establecer un muro similar alrededor de Grecia?

Ahora entiendo que Reporteros sin fronteras, en su análisis sobre la libertad de prensa en el mundo, sitúe actualmente a Grecia en el puesto 99 sobre 189 (13 lugares abajo desde 2013). Y que Freedom House, en el Ranking de libertad política en el mundo 2015, puntúe a Grecia con un 2 sobre 7, tanto en general como respecto de las libertades individuales.

Sin embargo, da la impresión, incluso en determinada prensa española, que sea mucho más democrático convocar un referéndum que realizar elecciones. Que llamar a consulta al pueblo griego, en circunstancias y con mensajes que rozan el más abyecto populismo (identificar al sí con terrorismo no es otra cosa que esto), dividiendo por la mitad a su población (gane el sí o el no, será por pocos puntos/votos de diferencia), lanzando un torpedo en la línea de flotación del principio esencial en una democracia que consiste en que valga lo mismo el voto de cada persona, constituya, en palabras de “nuestro” Tsipras, un triunfo democrático, únicamente si gana el no.

Tal dislate contribuye, en mi opinión, y en la de los antiguos clásicos (griegos, por más señas, como Aristóteles) a transformar la democracia en demagogia, como estado intermedio, que apunta directamente a la oligarquía  y a la tiranía.

L’Ametlla del Vallès, 5 de julio de 2015.

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